El juez del caso Villarejo prorroga la investigación sobre el BBVA y vuelve a imputar al banco

El juez de la Audiencia Nacional encargado de la instrucción del ‘caso Villarejo’ ha acordado prorrogar la investigación sobre los supuestos encargos ilegales que el BBVA habría encomendado al comisario jubilado. Asimismo, ha vuelto a imputar al banco como persona jurídica, al tiempo que ha citado a declarar a sede judicial al expresidente de la entidad Francisco González.

En un auto del pasado viernes, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 se alinea con el criterio de la Fiscalía y llama como investigados (imputados) a la persona jurídica del BBVA, de nuevo, y a los empleados del banco Óscar Santos Tuche, Simón Galera y José Manuel Cantero; al que fuese director de operaciones de CENTY, Antonio Bonilla, tres agentes del Cuerpo Nacional de Policía y a Ana María Encinas.

Accediendo a lo solicitado por el Ministerio Público, el juez cita como testigo a José López o Gómez Herran, que «fue identificado como el empleado del BBVA que realizó los informes de la entidad en contestación a los requerimientos de información del SEBPLAC».

Asimismo, el juez realiza un nuevo emplazamiento al BBVA. En concreto, pide que certifique si existió «la auditoría interna a proveedores externos referida» por uno de los investigados, Ignacio Pérez Caballero, en su declaración del pasado mes de mayo.

Asimismo, el magistrado cita como investigado nuevamente al expresidente del banco Francisco González, que solicitó declarar de forma voluntaria en un escrito presentado el pasado 8 de julio en el que también pidió que se unieran a la causa una serie de documentos, un extremo concedido por el juez.

El banco debe aclarar su relación con Villarejo

La Fiscalía había pedido al magistrado que instase al banco a remitir copia de la documentación recababa en la auditoría a la que aludió el director de Red Banca Comercial y el informe final de la misma. «Tal diligencia adquiere especial relevancia pues está dirigida a determinar el grado de conocimiento y cumplimiento de la normativa interna del banco y, como afirmó el investigado, la normativa de compras que fue aportada hasta la fecha por el BBVA no era la que servía de aplicación para este tipo de encargos a proveedores externos», asegura el juez.

Pero, además, el instructor hace una segunda petición al banco: que identifiquen al personal de la entidad que intervino de forma directa o indirecta en la operación vinculada a la cuenta de crédito relacionada con Villarejo. «La finalidad de la diligencia es constar quién sería el responsable del expediente, a efectos de aclarar quién escribió sobre el mismo, identificó a ‘Pepe Villarejo’, su grupo empresarial y la concesión del riesgo. Considerando que, hasta la fecha, siempre se ha afirmado que nadie en el BBVA sabía que detrás de CENYT estaba Villarejo», justifica.

Por último, el juez oficia a la Agencia Tributaria para que aporte al procedimiento los modelos 347 –que recogen una relación de clientes y la facturación a los mismos– de CENYT de los años 2004 a 2017, correspondiente al periodo objeto de investigación.

Ofrece personarse a López del Hierro

Por otro lado, acuerda oficiar a la Unidad de Asuntos Internos para que realicen un ofrecimiento de acciones a 67 personas que podrían ser «posibles perjudicados u ofendidos o víctimas de un hecho constitutivo de infracción penal».

En concreto, el instructor hace suyas las palabras del Ministerio Público y explica que este ofrecimiento busca «poder determinar el interés del BBVA como persona jurídica, o de sus empleados, a título personal, para encargar los trabajos a CENYT -el grupo empresarial de Villarejo– sobre dichas personas».

«Desde el ámbito de la responsabilidad penal de la persona jurídica ello adquiere especial relevancia, en la medida que exige que las conductas de los empleados o personal directivo se hubiese cometido en su beneficio directo o indirecto. Al respecto, existen contrataciones en las que el interés de la persona jurídica es manifiesto, tales como las asociadas a los contratos documentados, pero en otras desconocemos apriorísticamente el porqué del encargo, tales como las posteriores del 2018 o la de muchos de los encargos sin contrato», continúa el magistrado.

El ofrecimiento de acciones es, por tanto, «una obligación legal para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva de las personas afectadas por un delito, que exige, en muchos tipos delictivos, poner en conocimiento de las mismas la propia existencia del delito».

Y es que, añade, «en el presente supuesto existen acceso a bases policiales reservadas que posteriormente son transmitidas a empleados del BBVA». «Lógicamente tales personas que han visto cercenada su privacidad, sólo podrán ser conscientes de ello si se efectúa el correspondiente ofrecimiento de acciones y se les informa de los hechos», arguye.

De entre el total de 67 personas a las que se ofrecerán acciones destacan, entre otras, el empresario Ignacio López del Hierro, marido de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal.